POSICIONAMIENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL BONO ALQUILER JOVEN EN ANDALUCÍA

LA VIVIENDA COMO DERECHO Y COMO EJE DE DESIGUALDAD

La vivienda constituye hoy uno de los principales factores de desigualdad social en Andalucía. El incremento sostenido de los precios del alquiler, la escasez de oferta asequible, la precariedad laboral y la insuficiencia del parque público de vivienda están afectando de manera especialmente grave a la población joven y a las familias en situación de vulnerabilidad.

El artículo 47 de la Constitución Española y el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía *obligan a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. Asimismo, la reciente *Ley por el Derecho a la Vivienda refuerza la necesidad de adoptar medidas estructurales y procedimientos administrativos justos, especialmente en contextos de mercado tensionado. En este sentido, resulta igualmente necesario incorporar una revisión de los precios máximos de alquiler, actualmente desajustados respecto a la realidad de un mercado libre completamente desregulado. Esta situación provoca que numerosas personas jóvenes queden excluidas de la convocatoria.

Desde esta perspectiva, consideramos que el Bono Alquiler Joven, en su configuración actual, no cumple plenamente una función de garantía de derechos ni de prevención de la exclusión residencial.

EXCLUSIÓN DE PERSONAS VULNERABLES Y DESIGUALDAD EN EL ACCESO

Uno de los elementos más preocupantes del actual diseño del bono es la exclusión automática de personas inquilinas de viviendas de titularidad pública, pese a que muchas de ellas se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad económica y social.

El alquiler de una vivienda pública puede situarse en torno a los 300 euros mensuales, una cuantía difícilmente asumible para personas con ingresos muy limitados. A este gasto deben añadirse los suministros básicos (luz, agua, basura), así como otros gastos imprescindibles como alimentación, transporte, comunicaciones o comunidad de vecinos. No resulta justo ni coherente con un enfoque de derechos que una persona quede excluida de una ayuda pública por el mero hecho de residir en una vivienda pública.

BRECHA DIGITAL Y TRAMITACIÓN EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA

El procedimiento de solicitud del Bono Alquiler Joven se articula exclusivamente por vía telemática y mediante certificado digital, lo que supone una barrera de acceso evidente para amplios sectores de la población joven y vulnerable que carecen de medios, competencias digitales o acompañamiento suficiente.

Las personas con mayores dificultades son, precisamente, las que menos posibilidades tienen de realizar estos trámites de forma autónoma y rápida, viéndose obligadas a acudir a servicios sociales u otras entidades para solicitar apoyo administrativo. Sin embargo, la atención en estos recursos no siempre es inmediata ni ágil, lo que coloca a estas personas en una situación de clara desventaja.

Esta realidad vulnera los principios de igualdad y no discriminación recogidos en los artículos 9 y 14 de la Constitución Española, así como lo establecido en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que obliga a las administraciones públicas a garantizar medios alternativos de acceso a los procedimientos administrativos.

UN SISTEMA QUE PRIORIZA LA RAPIDEZ Y NO LA NECESIDAD

La concesión del Bono Alquiler Joven mediante el sistema de concurrencia no competitiva y por orden de llegada no valora la necesidad real de las personas solicitantes, sino su capacidad de rapidez, disponibilidad horaria y habilidades digitales.

Este modelo genera una situación profundamente injusta: una vez abierto el plazo, quienes logran completar la solicitud en pocas horas no son necesariamente las personas más vulnerables, sino las más informadas o con mayor capacidad técnica. De este modo, la administración deja al azar o a la agilidad individual la obtención de una ayuda pública, obviando las herramientas y técnicas propias de la intervención social para determinar la vulnerabilidad.

Además, la exigencia de emitir informes de vulnerabilidad en plazos extremadamente breves (24 horas o menos) resulta incompatible con una valoración rigurosa de la situación socioeconómica de la unidad familiar. Elaborar estos informes requiere tiempo, análisis y contrastación de información, y su simplificación excesiva puede favorecer situaciones de picaresca y desvirtuar el sentido de la intervención social.

RETRASOS EN RESOLUCIONES Y PAGOS

Otro de los argumentos utilizados para justificar el sistema de concurrencia no competitiva es la supuesta rapidez en la resolución y el abono de las ayudas. Sin embargo, la experiencia demuestra que las ayudas no se perciben con la celeridad prometida, lo que impide que el bono cumpla una función preventiva frente a la exclusión residencial y limita su impacto real en la vida de las personas beneficiarias.

FALTA DE ATENCIÓN A RECOMENDACIONES INSTITUCIONALES

Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social lamentamos que no se hayan atendido las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo Andaluz tras convocatorias anteriores, especialmente en lo relativo a la brecha digital.

En la Resolución correspondiente a la queja 23/8477, dirigida a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se recoge de forma literal la recomendación de revisar el procedimiento y modificar la obligatoriedad de la presentación exclusivamente telemática, atendiendo a la desigualdad que supone priorizar a quienes disponen de tiempo, medios y competencias digitales. La no incorporación de estas recomendaciones perpetúa las desigualdades ya existentes.

PROPUESTAS DESDE EL TRABAJO SOCIAL

Desde la Comisión de Vivienda del Consejo Andaluz de Trabajo Social solicitamos a la Junta de Andalucía y, en particular, a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda:

• Incorporar vías presenciales de solicitud, así como recursos de apoyo administrativo accesibles y suficientes.
• Establecer criterios sociales de prioridad, basados en indicadores reales de vulnerabilidad y necesidad.
• Revisar el sistema de concesión, avanzando hacia procedimientos de concurrencia competitiva que garanticen una distribución justa de recursos públicos limitados.
• Actualizar la cuantía del bono y los límites de alquiler subvencionable, adaptándolos a la realidad del mercado.
• Garantizar plazos ágiles y efectivos de resolución y pago.
• Revisar las incompatibilidades con otras prestaciones, evitando que las personas más vulnerables queden excluidas.
• Impulsar* políticas estructurales de vivienda,* complementarias al bono, como el incremento del parque público de alquiler.

El Consejo Andaluz de Trabajo Social reafirma su disposición a colaborar activamente con la Consejería en la reformulación de estas ayudas y en el diseño de políticas de vivienda más justas, eficaces y basadas en derechos, incorporando la experiencia y el conocimiento de las y los profesionales del Trabajo Social.

Garantizar el acceso real a una vivienda digna no puede depender de la rapidez, la suerte o las habilidades digitales de las personas solicitantes, sino de una evaluación rigurosa de sus necesidades y de un firme compromiso de las administraciones públicas con la igualdad y la justicia social.