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La Comisión de Servicios Sociales y Dependencia avanza en sus propuestas para mejorar las políticas sociales en Andalucía
La Comisión de Servicios Sociales y Dependencia del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales/Oficiales de Trabajo Social celebró el 14 de septiembre una nueva reunión de trabajo para analizar diferentes cuestiones relacionadas con la dependencia, la discapacidad, la vivienda y el desarrollo comunitario en Andalucía.
El Trabajo Social interviene en el incendio forestal de la provincia de Huelva tras la activación coordinada por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Huelva y el Ayuntamiento de Zalamea la Real, a través de su Concejalía de Servicios Sociales.
En el marco del seguimiento permanente que el Consejo Andaluz de Trabajo Social realizó de la evolución del incendio forestal que afectó a la provincia de Huelva y, en menor medida, a Sevilla, y tras haber puesto desde el primer momento a disposición de la Junta de Andalucía el Grupo de Intervención Social en Emergencias (GISE), se ha coordinado una actuación de apoyo psicosocial en el municipio de Zalamea la Real.
El Consejo Andaluz de Trabajo Social recuerda la obligación de los poderes públicos de garantizar la protección y los derechos de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género
La violencia de género constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una manifestación de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Así lo reconoce la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una norma que supuso un avance histórico al establecer un modelo integral de prevención, protección, atención y recuperación de las víctimas, sustentado en la especialización de los recursos públicos y en la coordinación entre las distintas administraciones. Este marco normativo se encuentra, además, plenamente alineado con el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), ratificado por España en 2014, que obliga a los poderes públicos a garantizar mecanismos especializados, independientes y eficaces de prevención, protección, atención y acceso a la justicia para las víctimas.
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