Comunicado sobre los Presupuestos 2022. El Consejo Andaluz de Trabajo Social en defensa del Sistema Público.
El pasado 28 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se reunía en una sesión en la que se aprobaba la distribución de un crédito de 11 millones de euros, con cargo al presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales para el desarrollo de competencias en materia de dependencia en el ejercicio 2022 y un paquete de ayudas por valor de 20 millones de euros destinado a entidades del Tercer Sector para mantener programas de atención a personas vulnerables o en riesgo de exclusión social, partida que ayudaría a combatir la pobreza energética y que también permitiría continuar con el programa de Tarjetas Monedero, ayudas aprobadas a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Desde el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales/Oficiales de Trabajo Social, mostramos nuestro desacuerdo en la distribución de los presupuestos, por dejar en un segundo escenario al Sistema Público.
Consideramos que con esta pretensión de cambio de enfoque se deja fuera al Sistema Público, quien vela por los derechos de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, acentuándose así una desprotección social y económica por la pérdida de una intervención individualizada, a favor de una medida económica asistencialista.
La puerta de entrada al Sistema son los Servicios Sociales Comunitarios, siendo el/la Trabajador/a Social el/la profesional de referencia, reservándole en exclusiva la prescripción de recursos, tal y como recoge la Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía.
Por su parte, la Ley también regula la iniciativa privada y social en la provisión de servicios sociales, reconociendo su papel mediante relaciones de colaboración, y aunque consideramos que el Tercer Sector y otras entidades colaboradoras del sistema realizan una valiosísima labor en este sentido, no se les puede encomendar la responsabilidad que es pública, en una clara involución hacia el asistencialismo y la beneficencia.
Somos todos agentes importantes para el mantenimiento del Estado de Bienestar, tanto el de Servicios Sociales, como todas las Entidades implicadas en el desarrollo de los servicios, la actuación Política y la colaboración Ciudadana, pero se necesita hacer de forma coordinada, organizada y velando siempre por los derechos sociales esenciales y los principios recogidos en la Ley.
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