¡SOS DESDE SERVICIOS SOCIALES!

Estamos viviendo una crisis sanitaria y social sin precedentes en un corto plazo de tiempo vertiginoso, que está ocasionando la muerte de miles de personas y de contagios. El impacto sanitario que está teniendo esta pandemia en nuestro país es dantesco pero no podemos olvidar el impacto social de este virus en todo el territorio nacional y concretamente en el caso de Andalucía.

Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social y los ocho colegios provinciales que lo componen, como entidad de derecho público y teniendo en cuenta que una de sus finalidades es prestar un servicio de calidad a la ciudadanía, queremos manifestar nuestra indefensión en esta situación de crisis sanitaria y social, ante la falta de recursos y de medios para actuar con la máxima urgencia. Nuestra situación se asemeja a la del personal sanitario ante su falta de medios y recursos de protección, pues en lo social si los profesionales carecemos de los mínimos, difícilmente podremos actuar con eficacia, diligencia, y servir de cortafuegos social a esta hecatombe socio-sanitaria.

Las trabajadoras y trabajadores Sociales estamos siendo testigos de primera mano de la situación de extrema vulnerabilidad social en la que se encuentran muchas personas y colectivos con los que trabajamos: familias sin ningún tipo de ingresos con menores a su cargo, mujeres cuidadoras de personas dependientes que no disponen de recursos de apoyo, mujeres confinadas víctimas de violencia de género, personas inmigrantes sin ningún tipo de recurso y en situación irregular, personas mayores solas sin una red apoyos, familias con dificultades para confinarse por una situación de infravivienda y con menores especialmente vulnerables, personas con discapacidad o con enfermedad mental, son algunos ejemplos ilustrativos entre la múltiple variedad de casos con los que trabajamos día a día desde cualquier ámbito.

La situación actual es que la administración de la Junta de Andalucía no está facilitando los medios y recursos con la máxima celeridad y agilidad que requiere una situación de emergencia, incumpliendo lo establecido en el Decreto-Ley 6/2020 en las diferentes medidas que establece debido, entre otros, a la lentitud de los procedimientos burocráticos y tediosos dada la situación de confinamiento por el contagio. El caso de la Renta Mínima de Inserción es prueba de esta farragosa tramitación burocrática, cuyo retraso en su tramitación y resolución de ayudas es alarmante, pues antes de la declaración del estado de alarma estaban resolviendo ésta prestación vital para muchas personas que presentaron su solicitud en el mes de junio del año pasado, estando sin resolver todas las presentadas desde esa fecha, dejando en situación de espera y exclusión a muchas familias y personas sin ingresos; denegación de muchos de los expedientes de personas en situación de dependencia que se han tramitado desde los Hospitales y a través de las Unidades de Trabajo Social Sanitario, con el consiguiente abandono y desamparo de muchas personas dependientes que tras el confinamiento se han quedado sin recurso; no se está dando respuesta a personas mayores que necesitan Servicio de Ayuda a domicilio y a las que se les han suspendido o incluso denegado dicho servicio sin tener en cuenta la prescripción profesional del/la Trabajadora/or Social ante la variedad casuística. Las trabas burocráticas de nuestra administración son claramente bochornosas.

Los Trabajadoras/es Sociales de diversos ámbitos de intervención como Servicios Sociales, Salud, Educación, Tercer Sector y otras entidades sociales, estamos reivindicando la necesidad urgente de dotar a las familias y personas unos ingresos mínimos, recursos y servicios necesarios para afrontar esta emergencia sanitaria y social, más allá de las ayudas benéfico-asistenciales en forma de alimentación que se está concediendo como único recurso y que estigmatizan a las personas, en tanto vulneran sus derechos fundamentales en la obtención de unos, recursos mínimos esenciales como derecho subjetivo, para afrontar su situación con dignidad.

Desde el Consejo Andaluz de Trabajo Social denunciamos esta situación de clara vulneración de derechos sociales fundamentales de personas, familias, y colectivos sociales, reivindicando se proceda de forma urgente e inmediata por parte de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación de la Junta de Andalucía a la provisión de medios, recursos y servicios necesarios en la consideración de los Servicios sociales como esenciales, y que pasarían por las siguientes medidas:

- Agilizar los procedimientos administrativos de la Renta Mínima de Inserción vía transferencia rápida a familias y personas que ya tenga el expediente en trámite, o se les vaya a tramitar durante el estado de alarma, otorgando la competencia al profesional, Trabajador/a Social en la prescripción facultativa, teniendo en cuenta que la/el TS es el profesional de referencia en la ley de SS de Andalucía 9/2016, garantizando así respuesta ágil, con la máxima celeridad que requiere una situación de emergencia social y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Derechos Sociales y Consejo General de Trabajo Social. Así como la posibilidad de solicitud de oficio como medio de salvar la brecha digital de muchas de las personas solicitantes de la misma.

- Tomar en consideración prioritaria la prescripción de las/los TS sanitarios y de SS Comunitarios en la tramitación de expedientes de emergencia SOCIAL para personas dependientes que como consecuencia del covid-19 se hayan quedado sin recurso encontrándose en situación de desamparo.

- Facilitar el teletrabajo en la medida de lo posible para poder continuar dando respuesta a las personas que requieran de la intervención de los Servicios Sociales, así como aquel trabajo que requiera intervención directa con la protección necesaria. Estableciendo los medios profesionales y tecnológicos para procurar una atención permanente a la ciudadanía, que actualmente está siendo atendida por el voluntariado.

-Mantenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio con los equipos de protección y detección del Covid necesarios, estudiando cada caso y dotando del mismo a personas que tengan especial dificultad; proporcionar medidas alternativas no presenciales para aquellas personas que sientan miedo o soledad (ej. facilitar seguimientos a nivel digital), evitando así posibles situaciones de desamparo como colectivo de especial riesgo y vulnerabilidad.

- Dignificar el trabajo en Centros Residenciales, facilitando prevención, protección y seguimiento sanitario oportuno, tanto para personas usuarias como para trabajadores/as

- Mantener las medidas extraordinarias ya aprobadas para las personas sin hogar y especial consideración a la movilidad de estas personas.

- Agilizar la tramitación por parte de las Entidades Locales de las Ayudas Económicas Familiares tal y como se establece en el comunicado de la Dirección General de Infancia sobre medidas de flexibilización destinadas al programa de Ayudas económicas familiares con motivo de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.

Por tanto como entidad representativa de profesionales del Trabajo Social y como defensores de los Derechos Humanos, la justicia social, entre otros, como principios inspiradores de nuestra disciplina y práctica profesional, exigimos se pongan en marcha todos los medios, recursos y servicios necesarios para agilizar los procedimientos e intervención social de las y los profesionales, de lo contrario seguiremos en nuestra línea de acción conjunta de seguir denunciando la vulneración de derechos sociales fundamentales de la ciudadanía, no solo en los medios de comunicación sino actuando de oficio ante los Juzgados correspondientes.

Ahora más que nunca es tiempo de parar la crisis social y dejar que los SS y los profesionales del sistema como TS, entre otros, sigamos estando vapuleados por los recortes que llevamos sufriendo desde hace años. ¡Blindemos un sistema público de Servicios Sociales ya!, en el que se garanticen unos derechos fundamentales a la ciudadanía con carácter subjetivo y universal, un sistema de dependencia garantista y unos ingresos mínimos vitales, entre otros, ahuyentando los fantasmas de lo benéfico-asistencial.

Ahora más que nunca necesitamos y exigimos a la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Políticas Sociales el desarrollo de nuestra Ley de SS 9/2016 paralizada desde hace más de tres años. De no adoptarse las medidas sociales necesarias, provocará que gran parte de la población en riesgo, pase a incrementar la población en exclusión social.