MANIFIESTO DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
_El Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social somos una corporación de derecho Público que agrupa a los Colegios Profesionales de Trabajo Social de las ocho provincias andaluzas. Representando a más de 5.000 profesionales que ejercen como órgano de interlocución representativa de la realidad social por su contacto directo con la ciudadanía, el conocimiento de sus necesidades y la búsqueda de soluciones a situaciones complejas en todos los posibles niveles de actuación y ámbitos. _
En nuestro Código Deontológico consta: “El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para este”.
Es por ello que el Trabajo Social lucha por garantizar derechos indivisibles, universales e indispensables como son la dignidad humana, la libertad y la igualdad. Reflejados a su vez estos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.
Queremos manifestar que nos sentimos en la obligación de defender los derechos de más de la mitad de la sociedad, los Derechos de las Mujeres, dejando así constancia sobre nuestro compromiso con los valores democráticos, basados en la protección de la justicia social, la dignidad humana, el desarrollo social y la igualdad real y efectiva de todas las personas, especialmente de quienes sufren cualquier tipo de discriminación. Nuestro compromiso no puede ser otro que el compromiso con los derechos humanos.
En lo que respecta específicamente a la Violencia de Género, manifestamos lo siguiente:
1. Es una violencia estructural que necesita un cuadro normativo específico debido a las características concretas, por lo que es imprescindible seguir disponiendo en nuestro ordenamiento jurídico de una ley que contemple esa especificidad. No es solo necesario mantener una ley concreta para proteger y prevenir, sino que hace falta impulsar las legislaciones que no favorezcan una victimización secundaria. Sabemos ya que la violencia de género hay que trabajarla en muchas esferas, no solo la legislativa, pero esta es básica.
2. Sin profesionales, sin recursos y sin protocolos la escalada de violencia seguirá su curso. Es imprescindible asegurar los mecanismos que complementen la acción jurídica, desde la esfera y la intervención social.
3. La detección, el cambio, el apoyo, el seguimiento, la evaluación y el diagnóstico de situaciones de riesgo y vulnerabilidad social, forma parte de nuestro campo profesional, docente e investigador y como profesionales, somos perfectamente competentes para intervenir en violencia de género como lo hemos venido haciendo hasta ahora, profundizando en la formación desde una perspectiva de responsabilidad.
4. En estos momentos la realidad social de nuestro país, el feminismo, se vuelve a cuestionar, se intenta debilitar, reflejo de ello es la desigualdad en base al género como forma de violencia más extendida, justificada e invisibilizada según la propia ONU.
El trabajo social como profesión no tiene partido, pero nuestro compromiso ético y político es innegable, por ello no queremos dejar de manifestar nuestra opinión como colectivo.
“No olvidar jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Estos derechos nunca se han de dar por adquiridos. Debemos permanecer vigilantes toda nuestra vida”
Simone de Beauvoir
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